El deterioro de valor de los activos es uno de los temas más sensibles en la contabilidad financiera, pues afecta directamente la razonabilidad de los estados financieros y la evaluación de la gestión empresarial. Algunas entidades, por simplicidad o desconocimiento, tienden a establecer en sus políticas contables que el deterioro de la propiedad, planta y equipo (PPE) será calculado aplicando un porcentaje fijo anual sobre el valor del activo. Sin embargo, esta práctica contradice los principios establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y puede conducir a mediciones incorrectas y juicios contables inapropiados.
- Fundamento normativo: el deterioro no es un cálculo porcentual
El deterioro de valor no es una estimación basada en porcentajes arbitrarios, sino en la comparación entre el importe en libros y el importe recuperable del activo, de acuerdo con lo establecido en la NIC 36 – Deterioro del valor de los activos o, para las entidades que aplican NIIF para las PYMES, en la Sección 27 – Deterioro del valor de los activos.
La NIC 36, párrafo 6, define el importe recuperable como el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. Por tanto, el deterioro solo existe cuando el importe en libros de un activo excede su importe recuperable, y la pérdida reconocida debe corresponder a esa diferencia específica.
En otras palabras, el deterioro es un fenómeno económico y no porcentual: surge de un cambio en las condiciones del activo o del entorno (tecnología, mercado, obsolescencia, daños físicos o baja rentabilidad), no de una tasa predefinida.
Cuando una política contable establece que todos los activos se deteriorarán, por ejemplo, en un 10 % anual, está confundiendo el concepto de deterioro con el de depreciación, y además está vulnerando el principio de representación fiel exigido por el Marco Conceptual de las NIIF (párrafo 2.13).
- Revisión del deterioro y aplicación del juicio profesional
Tanto la NIC 36 (párrafos 9 y 12) como la Sección 27.7 de la NIIF para las PYMES requieren que las entidades evalúen en cada fecha de reporte si existen indicios de deterioro. Si tales indicios están presentes, debe estimarse el importe recuperable mediante proyecciones de flujos de efectivo o mediante la valoración del mercado.
Por tanto, el deterioro requiere análisis individual y juicio profesional, no una fórmula fija. Un enfoque porcentual elimina el análisis de los indicios de deterioro y podría generar tanto subvaloraciones como sobrevaloraciones, afectando la fiabilidad de los estados financieros.
Desde la perspectiva de auditoría, la NIA 540 (Auditoría de estimaciones contables y revelaciones relacionadas) obliga al auditor a evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables de la gerencia. Si la política contable define deterioros en porcentajes fijos sin sustento técnico, el auditor podría considerarlo un riesgo de incorrección material debido a la falta de fundamento económico.
- Consecuencias de una política inadecuada
Definir el deterioro en términos porcentuales puede generar errores sistemáticos en la medición de los activos, incumplimiento del marco contable y posibles observaciones en una auditoría. Además, viola la consistencia y la comparabilidad de los estados financieros, al aplicar un criterio mecánico sin atender la naturaleza del activo ni sus condiciones de uso o recuperación.
De acuerdo con la NIA 700 (Formación de la opinión del auditor), si el auditor concluye que las políticas contables no son apropiadas, deberá expresar una opinión modificada. Esto puede afectar la credibilidad de la información financiera y la confianza de los usuarios externos.
El deterioro de valor de la propiedad, planta y equipo no debe establecerse mediante porcentajes fijos, porque no responde a una regla aritmética, sino a una evaluación económica del activo y su capacidad de generar beneficios futuros. La aplicación de los criterios establecidos en la NIC 36 o la Sección 27 de la NIIF para las PYMES garantiza que el deterioro se reconozca únicamente cuando existan evidencias objetivas y cuantificables.





